La infatigable búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo, que durante décadas movieron cielo y tierra frente a la más implacable adversidad, fue la locomotora decisiva en el camino por recomponer el rompecabezas que constituye la historia de cada uno de sus nietos robados por la dictadura. Definitivamente, las señoras del pañuelo blanco son las protagonistas de una hazaña. Lo que no salta a la vista de una manera tan obvia, al menos para el gran público, es que en ese camino de penumbras que las Abuelas fueron iluminando paso a paso, la ciencia tuvo un papel bisagra. Desde su fundación en 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo iniciaron una denodada campaña para dar con el paradero de sus nietos, los desaparecidos vivos que habían sido parte del “botín de guerra” en la cruzada castrense contra la subversión de los años ’70. Contra viento y marea, tocaron todas las puertas imaginables, desde cuarteles hasta tribunales, impulsaron redes de solidaridad internacional, y paralelamente se lanzaron a una tarea de rastreo formidable, incluyendo todas las fuentes a su alcance. Como si fueran detectives, las abuelas, a quienes ya les había llegado la versión sin confirmar de la existencia de partos clandestinos en centros de detención y hospitales militares, comenzaron a consultar a enfermeras, a revisar registros de adopción sospechosos y certificados de nacimiento firmados por médicos conocidos por sus vínculos con la dictadura. Anotaban datos provenientes de denuncias anónimas y salían a la zaga de testimonios de sobrevivientes. Tomaron apunte de los rastros que la dictadura no supo borrar, comenzaron a unir los cabos sueltos y de esa forma lograron empezar a correr la cortina de sombras con que los represores intentaron tapar sus crímenes de lesa humanidad. La base de datos de la incipiente organización de Derechos Humanos fue proliferando de manera extraordinaria, pero todavía sus ilusiones se estrellaban con un límite hasta entonces infranqueable: sus sospechas no tenían valor de prueba y por lo tanto las restituciones de identidad seguían siendo un sueño distante de la realidad.

La ciencia aceleró los tiempos
La historia dio un giro providencial cuando en 1982, Isabel “Chicha” de Mariani y Estela de Carlotto, entonces presidenta y vice de Abuelas, se contactaron con el genetista argentino y activista por los Derechos Humanos Victor Penchaszadeh, quien había partido al exilio antes del comienzo de la dictadura tras un violento intento de secuestro que sufrió por parte de un comando armado en diciembre de 1975. El encuentro tuvo lugar en noviembre de ese año en Nueva York, donde residía el científico, quien logró convencer a las abuelas de que era posible utilizar los mismos procesos aplicados en las pruebas de paternidad pero en este caso para determinar lazos de parentesco entre abuelos y nietos, adaptando los cálculos probabilísticos. Se trataba del método de histocompatibilidad, que también se usaba para definir los donantes más aptos para el trasplante de órganos. Según recuerda Penchaszadeh en diálogo con BAE Negocios, “en menos de un año esta metodología ya estaba desarrorrollada”, y fue bautizada como “índice de abuelidad”. “Mi rol en esa época fue apoyar a Abuelas desde la ciencia y la ética en desenmascarar los intereses que pretendían mantener ese status quo oprobioso. Como genetista reconocido, esto significó para mí una reivindicación de la genética como ciencia que debía estar aliada a los Derechos Humanos”, celebró.

La genética forense estaba en condiciones de dar respuesta, por primera vez en Argentina, a una causa fundamental de violación de Derechos Humanos vinculada al tráfico de bebés, con la particularidad de que las víctimas no estaban fallecidas, como en el caso de sus padres asesinados. Seguían con sus vidas con identidades inventadas, por lo que todavía había margen para intervenir: la ciencia aceleró los tiempos.

En 1984, por solicitud del gobierno de Raúl Alfonsín, se produjo la visita al país de una delegación de la Asociación Estadounidense para el Avance de las Ciencias, que se encargó de dirigir exhumaciones de cadáveres localizados en tumbas NN. Además, propusieron al laboratorio de inmunogenética del Hospital Durand como el lugar idóneo para desarrollar las pruebas de histocompatibilidad. Los resultados fueron inmediatos, ya que en el marco de esa visita de la comisión estadounidense, se logró establecer la filiación genética de la primera nieta recuperada por Abuelas a partir del índice de abuelidad, con una probabilidad superior al 99,9%. Paula Logares, de ocho años de edad e hija de militantes montoneros desaparecidos, había sido criada como hija propia por un expolicía. Tenía 22 meses cuando sus padres fueron secuestrados en Uruguay, donde los tres miembros de la familia estaban exiliados.

La genética demostró que había luz al final del túnel por el que habían empezado a transitar las Abuelas desde hacía años, y pronto se hizo evidente la imperiosa necesidad de contar con un instituto a cargo del almacenamiento de muestras biológicas de familiares potenciales de niños apropiados -ya sea de padres sobrevivientes o abuelos para cotejar esos perfiles genéticos con los de los chicos, a medida que estos fueron apareciendo. Fue así como en 1987 se creó por ley el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), del que Penchaszadeh es cofundador.

El moño científico
La actual directora del BNDG, Mariana Herrera Piñero, subraya la trascendencia que tuvo esa medida: “Entre el 1984 y el 1987 se llevaban a la Justicia los casos que Abuelas sospechaban que eran nietos y se lo comparaba contra un sólo grupo familiar sospechado de ser el que correspondía al nieto apropiado. Si daba positivo, se realizaba la restitución. Si daba negativo, podía ser que ese nieto no fuera apropiado o bien que perteneciera a otro grupo familiar. Ahí es cuando se empezó a generar la necesidad de formar un banco de grupos familiares. Y que los chicos que iban a ser comparados no se compararan contra una única familia sino contra todas las familias que buscan que están buscándolos”, relata. A partir del establecimiento del BNDG, aún cuando las pruebas daban negativo, la información genética quedaba guardada en la base de datos a los efectos de compararse contra “cualquier grupo familiar que apareciera en el futuro”.

La genetista precisa que la “época más dificultosa” en el trabajo del BNDG fue hasta 1998, ya que hasta aproximadamente ese año los chicos apropiados eran menores de edad y por lo tanto se requería una orden judicial para proceder con las muestras de sangre. La mayoría de las familias adoptivas, que tenían la potestad sobre los menores, en general se resistían a que se hagan los estudios, lo que obligaba a judicializar los casos. Pese a las dificultades, al cabo de ese año ya se habían efectuado 51 restituciones, según los registros del BNDG. A partir de 1998, se habilitó a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, creada en 1992 como una instancia para ayudar a las personas con dudas acerca de su identidad, a enviar jóvenes a hacerse las muestras genéticas por presentación espontánea, circunstancia que allanó la actividad desarrollada por el BNDG. Entre 1998 y este 2016, la totalidad de restituciones asciende a 68.

“La genética forense, los que trabajamos en laboratorio, le ponemos el moño científico a esta historia. Pero nosotros no salimos a buscar nietos. El gran mérito se lo llevan las instituciones que llevan a cabo las investigaciones, los acercamientos, que reciben y contienen a estos chicos que llegan con muchas dudas respecto de sus identidades. Luego, en cada restitución, les entregan un legajo con la historia de vida de sus padres, con testimonios y fotos”, aclara.

Pese a esto, reconoce que el trabajo de los genetistas del BNDG es un eslabón fundamental en la cadena, y aclara que dentro del laboratorio, el personal no realiza su actividad despojada de emociones, como si fueran frías máquinas expendedoras de valoraciones científicas de prueba.

“Uno está en un estado de ansiedad porque sabe que las abuelas están viejitas y que el tiempo es muy importante. Cuando identificamos un nuevo nieto, celebramos, nos sentimos terriblemente felices con ellos. Al otro día volvemos a trabajar y sigue la rutina diaria hasta que aparece otro nieto”, relata. “Lo que estamos haciendo es reconstruir vida”, se jacta con orgullo.

Herrera Piñero aclara que la mayoría de las personas que sospechan que pudieron haber nacido en cautiverio entre 1976 y 1981 acuden espontáneamente a Abuelas o a la CONADI. Cuando el proceso se da a la inversa, es decir, cuando CONADI o la Fiscalía Especializada en Delitos de Apropiación le transmite a esa persona que hay fundadas sospechas de que podrían ser hijos de desaparecidos y que por lo tanto deberían hacerse los estudios, “la gran mayoría acepta voluntariamente”. En los pocos casos en que se niegan, el caso se judicializa y por lo general termina en un allanamiento para

hacerse de una muestra genética no voluntaria: se secuestra el cepillo de dientes o prendas de ropa interior. La científica recuerda el caso de Alejandro Pedro Sandoval, el nieto número 84 que fuera restituido en 2006. La cuestión es que el joven se negó inicialmente a presentarse de manera voluntaria y al ser advertido de un allanamiento inminente, por sugerencia de su apropiador, frotó el cepillo en los dientes del perro familiar, y un peine por el pelo de la mascota. “El resultado genético dio cualquier cosa. La segunda vez, se confirmó que era nieto, había dado positivo. Después incluso fue testigo en la causa contra el apropiador”, puntualiza.

Reacciones diversas
Más allá del costado hasta cierto punto “cómico” que reviste la anécdota, sirve como muestra de cuán sensible y espinoso es para la psiquis de una persona procesar una nueva identidad, y de verificar que la que creía tener hasta entonces era un falso montaje. La novedad, la mayor de las veces, produce un tembladeral en sus vidas, trastoca todas las coordenadas del mundo en el que se movían, al menos hasta que el paso del tiempo y el trabajo emocional vayan acomodando las cosas. Frente a la revelación, las reacciones que afloran son de lo más diversas y varían en función de distintos factores que van desde la personalidad, el entorno familiar y social, y el momento de la vida de la persona y las circunstancias en que comenzaron las dudas.

“Son disímiles las conexiones que se dan entre los nietos y los grupos familiares. Hay nietos que se integraron con los brazos abiertos”, resalta Herrera Piñero. que pone como ejemplo las dos últimas restituciones: las de Martín Ogando Montesano y Mario Bravo. “El último caso fue más increíble porque incluso vivía la mamá a la que le habían quitado a su bebe en cautivierio. La mamá adoptiva de Mario había fallecido a principios del año pasado, o sea que perdió una madre y recuperó otra. La relación que tienen hoy en día es cotidiana”, relata, sin disimular satisfacción. El caso de María Eugenia Barragán Sampallo es considerado emblemático porque fue la primera en hacerles juicio a sus apropiadores.

Naturalmente, no todas las restituciones conllevaron procesos tan rápidos de asimilación ni todos culminaron con “finales felices”. Sin ir más lejos, en abril del año pasado el nieto recuperado 109, Pablo Athanasiu Laschan, se quitó trágicamente la vida en su departamento del barrio de Constitución. Hay otros casos como el del nieto restituido número 95, Federico Cagnola Pereyra, quien no pudo reconciliarse de la mejor manera con su propia historia y hoy sigue aferrándose a su “familia del corazón”, en tanto que sostiene una batalla legal para conservar el nombre falso que le impusieron tras ser arrancado de los brazos de sus padres. Nunca pudo establecer un vínculo con su abuela biológica, que lo buscó incansablemente.

También es muy recordada la historia de los mellizos Gonzalo y Matías Reggiardo Tolosa, apropiados por el subcomisario represor Samuel Miara y Beatriz Castillo. Con la vuelta de la democracia, se fugaron a Paraguay, en plena dictadura de Stroessner. En 1993, la Justicia determinó restituir a los mellizos a su familia biológica, lo que desencadenó un raid mediático por parte de los ya adolescentes, quienes se resistían a abandonar a los Miara. Aquellas imágenes tuvieron un impacto muy fuerte en la opinión pública, y fueron explotadas por comunicadores sociales conservadores, con Bernardo Neudstadt a la cabeza, para desacreditar la tarea de Abuelas, a quienes acusaban de remover los fantasmas del pasado y de menoscabar a los menores, ya integrados a un modo de vida determinado.

En esa época, todavía tenía vigencia en un sector de la sociedad la teoría de que las restituciones podían generarles un “segundo trauma” psicológico a esos menores con identidades robadas, apunta Penchaszadeh. Sin embargo, las investigaciones que fueron surgiendo hacían hincapié en que “las reacciones iniciales de confusión y temor” experimentaban los niños al ser restituidos eran seguidas de sentimientos de “alivio y liberación”. “Efectivamente, hubo un período en la historia reciente de nuestro país en democracia, durante el cual el afán del poder político era no investigar y menos aún juzgar y condenar a los perpetradores del crímenes de lesa humanidad. En esa época Abuelas debió luchar contra fuerzas muy poderosas, empeñadas en mantener a los niños robados en la ignominia de la privación de su identidad, su familia y su historia, con la perversión y la mentira como ejes de la relación entre apropiadores y apropiados”, recuerda el genetista.

Desde hace varios años que esta discusión ya está saldada: el trauma es la apropiación y no la restitución, y la obligación del Estado, independientemente de la voluntad de las víctimas, es investigar los delitos de lesa humanidad y garantizar el derecho a la identidad. Y ello debe continuar a rajatabla por más que la víctima oponga inicialmente una resistencia como mecanismo de defensa frente los miedos naturales que conlleva la situación. “Por supuesto que debe hacerse con todos los recaudos éticos y humanísticos que no violen la privacidad de los jóvenes apropiados, que son la principales víctimas”, acota.

La genética se redime de su “pasado oprobioso”
Es evidente que, tal como da testimonio el trabajo del BNDG, la genética pudo en las últimas décadas ponerse al servicio de la vida y los Derechos Humanos, contrariamente al uso que se le dio en otros contextos históricos. Los experimentos genéticos del científico nazi Josef Mengele, basados en la siniestra teoría de la eugenesia para el mejoramiento de la raza, los planes sistemáticos de esterilización forzada de mujeres en países como Estados Unidos, Alemania, Japón y Perú, o los genocidios cometidos en nombre de la higiene racial dan cuenta de un pasado aberrante de la genética. El robo de bebés en la España de Franco o en la Argentina de Videla como botín de guerra también se inspiró en parte en teorías pseudocientíficas que atribuían a los militantes “marxistas” una suerte de desviación del patrón de normalidad moral. Inmersos en incubadoras de ideas degenerantes, esos niños debían ser reeducados en familias no contaminadas.

“Claramente, la aplicación de la genética al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos le dio la oportunidad a esta ciencia de redimirse de un pasado oprobioso. Los genetistas, los demás científicos y la sociedad en general debemos mantenernos vigilantes para que la ciencia no vuelva a utilizarse de mañera reñida con los derechos humanos”, concluye Penchaszadeh.

Diario Bae