A través de una carta abierta, académicos e investigadores en Artes y Humanidades exigieron su participación vinculante en el diseño de la nueva ley sobre investigación y en la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

“Nuestro diagnóstico no se refiere sólo a la institucionalidad de Conicyt y de otros organismos que otorgan fondos para la investigación, sino que parte de la consideración global de la situación crítica en que se encuentra el sistema educativo chileno”, detallaron en el documento.

Además, apuntaron a que esta situación se relaciona con “el fracaso social del diseño neoliberal de la producción y circulación de conocimientos e ideas en nuestro país”.

En ese sentido, el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Claudio Nash, firmante de esta carta, manifestó su preocupación respecto de la poca importancia que se lo otorga a la investigación en el área de humanidades donde se prioriza lo que algunos denominan “las ciencias duras”.

De esta manera, aseguró, se dejan de lado investigaciones fundamentales para entender los procesos sociales en el país, como es el caso del debate constitucional que, a su juicio, ha reflejado esta misma ausencia de información y conocimiento previo.

“Todo el debate constitucional que se está dando está reflejando en buena parte una ausencia de un conocimiento profundo de lo que implica un acuerdo constitucional para un país. Los procesos sociales, lo que está ocurriendo en Chiloé que anteriormente ocurrió en Aysén, son importantes de investigar respecto de los cambios que se producen en esta sociedad”, recalcó el profesor.

Para la profesora de la Facultad de Filosofía y Humanidades y coordinadora del magíster de Estudios de Género en la Universidad de Chile, Kemy Oyarzún, existe un serio problema en la distribución presupuestaria de la investigación porque, a su juicio, “el Estado no invierte en su propio conocimiento”.

Además, criticó la falta de una carrera universitaria dedicada exclusivamente a la investigación: “Soy parte de una comunidad de ciudadanía universitaria donde exigimos un compromiso real y contundente del Estado hacia sus universidades estatales. En la Universidad de Chile recibimos un presupuesto entre el 8 y el 9 por ciento por parte del Estado. Sin embargo, no tenemos una carrera de investigación y se nos exige que lo hagamos a pesar de que con esos recursos también tenemos que estar preocupados de generar los fondos para el equipo humano”, señaló.

Por su parte, Vania Figueroa, presidenta del Centro Regional para la Investigación, Desarrollo e Innovación Científica, CRIDIC, expresó que la creación de este ministerio debe responder no sólo a la demanda que por años han planteado los investigadores, sino que también a la incorporación de las mujeres a esta área.

Según un informe realizado en 2015 por la Unesco, en Chile sólo un 32 por ciento de las mujeres participa en investigación de ciencia y tecnología, cifras que se posicionan muy por debajo de los otros países de América Latina.

Además, la investigadora criticó la desigualdad de condiciones en que se encuentran los investigadores jóvenes frente a los que ya se han adjudicado fondos de financiamiento, los Fondecyt, con anterioridad.

Durante 2015 se entregaron 112 mil millones de pesos, postularon 3 mil 571 proyectos y sólo el 30 por ciento recibieron financiamiento porque, según indicó, Dora Altbir, presidenta de los Consejos Superiores de Ciencia y Desarrollo Tecnológico de Fondecyt, habrían faltado sesenta mil millones de pesos adicionales para completar las necesidades de investigación en el país.

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