Los cortes de energía eléctrica de las últimas semanas para los habitantes de la Gran Asunción han puesto de manifiesto problemas no resueltos durante décadas, desnudando la gestión inapropiada e inefectiva de políticas energéticas e institucionales.

Estos hechos exigen levantar la mirada, sacudirnos la incomodidad física ocasionada por la falta de energía, abandonar el azuzado clima de inquisición mediática -alguien debe ir a la hoguera- y examinar holísticamente las decisiones a tomar para maximizar las oportunidades de crecimiento del Paraguay.

Nos demanda y exige decisiones que las debemos tomar como sociedad a corto, mediano y largo plazo, más allá de los “punteros” políticos, más allá de las campañas eleccionarias, de nuestra comodidad o incomodidad presente, y más allá de circunscribir el diálogo a la mera propiedad –ownership– de los medios de producción –esto es, el proveedor de los servicios básicos: agua, energía, alcantarillado, etc., y reconociendo la amenaza cierta del cambio climático.

En economía no hay almuerzo gratis. Eso significa que alguien debe pagar. Conexión clandestina, carga mayor a la declarada, incumplimiento o cumplimiento parcial de las especificaciones técnicas, inspección deficiente de trabajos propios o tercerizados por desidia o corrupción, ausencia de mantenimiento preventivo en plazo, etc., más tarde o más temprano se paga, y más caro por los menos favorecidos.

A corto plazo, se deben adoptar los mecanismos para resolver los cortes de luz, de modo a garantizar el servicio continuo a la ciudadanía, en especial el bienestar de los adultos mayores y los niños, para proveer el servicio en tiempo y forma, para producir eficientemente la unidad de trabajo con la que cada uno contribuye a la economía. Esto incluye la distribución.

A mediano plazo, de 3-5 años, definir el modelo de crecimiento con las subestaciones, condición sine qua non para proveer y garantizar la energía a todas las familias paraguayas. Las subestaciones deben ubicarse, según lo que se informa, en zonas hoy altamente pobladas, donde los ciudadanos se oponen a su edificación por los peligros que conlleva. ¿Cuál es el grado de peligrosidad para la vida humana y cuáles son las medidas de mitigación de riesgo a aplicar? ¿Se deben construir grandes o pequeñas subestaciones? ¿Qué niveles de seguridad mínima se exigirán? ¿Cuál es el rol del Gobierno nacional, de los municipios y de las empresas públicas? Ante la ausencia de consensos, ¿qué mecanismos se aplicarán para destrabar los procesos?

La ciudadanía, con justa razón, duda de la calidad de las obras, de obras con materiales de tercera calidad a precios de primera. ¿Qué mecanismos de control de calidad se aplicarán? Distinguir que hay productos chinos y otros “cochinos”.

El rol de las organizaciones vecinales debe ser potenciado en este proceso, para controlar el cumplimiento de los estándares de calidad, para monitorear el proceso de construcción y el calendario de obras, de modo tal que a las contratistas les resulte más costoso coimear a los fiscalizadores para que aprueben obras en estado y calidad precarios.

La planificación urbana es también una tarea pendiente, considerando que las subestaciones deberán servir a zonas pobladas. La interpretación de las ordenanzas no debería darse caso por caso en el seno de la Junta Municipal, politizando los procesos, aprobando de acuerdo a la cara conexiones y peso del bolsillo del solicitante. La delimitación de zonas residenciales, industriales debe respetarse para resguardar las inversiones realizadas, evitar la habilitación de centros comerciales en zonas residenciales con infraestructura inadecuada, y para fomentar el establecimiento de parques industriales.

A largo plazo, es imprescindible definir la nueva matriz energética del Paraguay incluyendo las energías renovables como la eólica, la solar, etc. La energía de las actuales hidroeléctricas no abastecerán las necesidades de desarrollo futuro, aunque la economía paraguaya en su conjunto crezca mínimamente al 3%. La demanda de energía eléctrica crece a un 10% anual, y, a ese ritmo, la energía de Itaipú, Yacyretá y Acaray será insuficiente, y dudo razonablemente que el Paraguay pueda exigir el 50% de energía que le pertenece en ambos emprendimientos.

Ante la falta de energía eléctrica, los programas radiales promocionaban como buen negocio el uso de paneles solares, tal como se realiza en diversas partes del mundo. Esta alternativa, como también los molinos de viento son oportunos para asegurar la rentabilidad privada, el excedente que genera cada “productor” de energía solar, debe integrarse a una red más amplia, al venderse a un operador para que distribuya y comercialice. ¿Cuál será el mecanismo para vender y fijar precio? ¿Cuál será el marco regulatorio? ¿Cuál será la institucionalidad que maneje el sistema energético?

Sin un marco regulatorio, los consumidores se verán atropellados. Basta mencionar la ausencia hoy día de un centro de defensa del consumidor que atienda los derechos de los consumidores ante los abusos de las empresas de telefonía móvil, que ni se inmutan en reconocer y devolver las sumas debitadas erróneamente. Por ese motivo, el diálogo sobre la futura matriz energética es ineludible para lograr la participación ciudadana, generar los consensos necesarios e impulsar los proyectos de leyes que se deben aprobar, independientemente de la naturaleza de la propiedad, puesto que el sector público o el privado deberán gestionar los mismos procesos en la tarea de distribución.

A estos temas deberá agregarse el diálogo del modelo de presupuesto público y de gestión de las empresas estatales, en que habrá que separar los aspectos económicos, contables y financieros, con su ineludible impacto en la rentabilidad del sector financiero.

Caso contrario, las quejas, los reclamos y las inquisiciones proseguirán en forma cíclica, ilusionando a la mayoría de la población con “cuando el Paraguay cuente con… tenga la… construya el…”. El ayer ya pasó, el futuro no existe. Es hoy.

ABC Color