Resuelto ya quién será el próximo presidente, es bueno recordar lo ocurrido el pasado 9 de noviembre en el Anfiteatro del campus de Investigaciones de la Universidad Nacional de San Martín. Allí se llevó a cabo el segundo foro del ciclo de charlas-debate Nuevas propuestas para el 2016 que se nos viene, con la discusión sobre la Ciencia y la Tecnología para el Desarrollo. Participaron del debate Diego Hurtado, presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear; Ana Castellani, catedrática de la Unsam, y Bruno Capra, de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN).

DIEGO HURTADO* | Sin conocimiento no hay inclusión

A partir de la crisis de 2001 quedó claro que un país agrario es para 20 millones de personas. Un país para 40 millones de argentinos no es imaginable sin una industria dinámica, capaz de generar tasas crecientes de trabajo formal, mayor calificación y altos salarios. Así, hablar de inclusión supone avanzar en una mayor complejidad de la trama productiva, lo que solo es posible si: 1) al sector productivo se integran las universidades y los laboratorios públicos de investigación y desarrollo; y 2) el sector empresarial invierte en la incorporación de tecnología y mayor organización y coordinación en los procesos de producción.

A su vez, un proyecto de país industrial no significa relegar al campo. Significa que la producción agraria debe pasar a cumplir una función económica diferente a la que dio origen, a fines del siglo XIX, a imaginarios hoy anacrónicos que sobreviven en algunos bastiones como la Sociedad Rural. El agro hiperconcentrado debe dejar paso a un campo industrializado y diversificado, con protagonismo de pequeños productores y cooperativas generando valor agregado, redistribución e inclusión.

Un paso crucial para hacer viable un proyecto de país industrial donde nadie quede afuera fue la recuperación del Estado y de sus funciones y capacidades. La creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva fue un eslabón importante de este proceso, aunque otro dato crucial fue el impulso de tecnologías estratégicas en los ministerios de Planificación, Agricultura, Industria, Defensa, Salud o Desarrollo Social.

¿Para qué el Estado?

En un país en desarrollo que se propone consensuar un proyecto de país en democracia, el Estado es el “lugar” institucional en donde se crean las condiciones económicas y jurídicas para hacer viable un proyecto de gobierno. El nivel de las capacidades técnicas, burocráticas, presupuestarias y empresariales del Estado es una medida de las condiciones objetivas para impulsar el proyecto de país consensuado en democracia, a la vez que la solidez democrática asegura su legitimidad política. Como país en desarrollo es un punto crucial contar con un Estado con capacidad robustas para incentivar, persuadir y disciplinar a actores como los sectores empresarial y financiero, las inversiones extranjeras o el sector científico-tecnológico. Como explica el economista noruego Erik Reinert, la historia económica comenzó a comprender esta lección elemental desde fines del siglo XV. No existe economía avanzada que no se haya industrializado sin un Estado interventor, proteccionista y planificador.

Sin embargo, en la segunda mitad de los ’70, una de las principales construcciones ideológicas utilizadas para abrirles paso a las políticas neoliberales fue que el Estado era una pesada maquinaria ineficiente que había que desmantelar para permitirles a los capitales privados –nacionales y extranjeros– desplegar su “natural” capacidad de producir crecimiento económico. El resultado fue la desindustrialización, la migración de científicos y tecnólogos y una economía capaz de sostener un país para menos de la mitad de sus ciudadanos.

El mayor logro político

La lección aprendida y aplicada en la Argentina desde 2003 es la necesidad de un Estado inteligente, con legitimidad política y capacidades crecientes de diagnóstico y autonomía de los poderes económicos fácticos, aquellos que intentan imponer sus intereses en otra dirección a los consensuados en democracia. Es el Estado el principal actor político que debe identificar y promover los sectores de la industria que garanticen crecimiento económico con equidad e impulsar las políticas públicas que identifiquen qué tipo de ciencia y tecnología garantizarán la sustentabilidad y dinamismo de este proceso en el largo plazo.

Hubo avances en áreas como telecomunicaciones, nuevos materiales, hidrocarburos, energía y medicina nuclear, tecnología espacial, biotecnología, transporte, tecnologías aeronáutica y naval. También en el impulso de carreras de ingeniería, en la formación de científicos sociales con la mirada puesta en la realidad socioeconómica nacional y regional, o en la reorientación del Conicet hacia valores productivistas. Uno de los problemas cruciales que esperan en el horizonte cercano es la necesidad de generar conocimiento masivo sobre el universo de las 700 mil pymes que hoy producen en la Argentina y la implementación de políticas decididas de apoyo a la incorporación de tecnología en este sector clave.

La ciencia, la tecnología, la industria y la inclusión social se integran a nuestra cultura como parte de una misma unidad conceptual. La transformación del sentido social y económico de la producción de conocimiento tal vez deba considerarse como el mayor logro político de los últimos 12 años.

*Presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear/ Catedrático Unsam

ANA CASTELLANI* | Actores y condiciones

La historia argentina presenta una particularidad desconcertante:durante décadas el Estado transfirió cuantiosos recursos públicos hacia un reducido grupo de grandes firmas a través de diversos mecanismos y sin embargo, los resultados generales de estas políticas distaron mucho de ser favorables en términos de lograr el desarrollo nacional.

La Sociología Económica tiene algo que decir a la hora de explicar este fenómeno, ya que pone la lupa sobre el comportamiento de los actores económicos y las relaciones que se establecen entre ellos. Es abundante la literatura que reconoce la importancia de la relación Estado/empresarios para explicar los procesos de desarrollo sostenido en los países de industrialización tardía. Los estudios de caso demuestran que una articulación entre el Estado y los empresarios que facilite la construcción de un proyecto de desarrollo sostenido requiere la estabilidad en la orientación de políticas públicas que promuevan el crecimiento de ciertas ramas estratégicas de actividad y procuren el incremento de las capacidades tecnológicas; la construcción de canales institucionales de diálogo duraderos entre funcionarios, capitalistas, científicos y trabajadores para definir el contenido de esas cruciales intervenciones públicas, y un férreo control estatal sobre el capital, para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos, impedir la fuga de capitales, evitar los efectos negativos de las posiciones monopólicas que puedan conformarse y lograr la reinversión productiva de las utilidades.

Este tipo virtuoso de articulación facilita la construcción y difusión de ámbitos estratégicos de acumulación proclives al desarrollo, basados en la existencia de privilegios selectivos, transitorios, consensuados e institucionalizados,que en el largo plazo, logran incrementar la dotación de capital físico, el desarrollo de innovaciones tecnológicas, la productividad del capital y la competitividad internacional. Cuando el Estado se limita a transferir recursos públicos al capital sin garantizar su uso estratégico se generan ámbitos privilegiados de acumulación. Estos sólo favorecen a unas empresas que se expanden sin incrementar su eficiencia y productividad generando una dilapidación de ingresos públicos.

Además incrementan el poder político de los empresarios, que aumentan su injerencia en la orientación de la intervención estatal; debilitan el accionar estatal, por la progresiva pérdida de capacidades administrativas y financieras, y en definitiva, son incapaces de propiciar la construcción de un proceso de desarrollo sostenido.

Estos ámbitos privilegiados se sostienen en una amplia y difusa trama de relaciones que articula los intereses de funcionarios políticos, burócratas y capitalistas. Estas relaciones pueden ser de distinto tipo (presión corporativa, lobby individual, colusión, corrupción, colonización por ocupación de cargos públicos claves), pero en todos los casos persiguen el mismo resultado:sostener, diversificar y/o expandir las condiciones privilegiadas de acumulación. El mantenimiento de esta trama de relaciones perpetúa los privilegios como forma primordial de acumulación de las empresas más grandes del país. La Argentina de las últimas décadas del siglo XX es un ejemplo.

¿Pero cómo lograr la difusión de ámbitos estratégicos de acumulación que propicien un proceso de desarrollo autónomo, sostenido e inclusivo? Recuperando la noción de densidad nacional elaborada en la última década por Aldo Ferrer, las condiciones del éxito pueden agruparse en tres categorías: básicas, derivadas e instrumentales. Las primeras abarcan la cohesión y movilidad social y la calidad de los liderazgos. Son básicas porque sin ellas las otras no pueden desplegarse. Las derivadas incluyen la estabilidad institucional y el pensamiento crítico que, a su vez, sustentan a la política económica como instrumento de los equilibrios macroeconómicos y los incentivos al proceso de acumulación en sentido amplio.

Las políticas públicas para el desarrollo tienen que orientarse a la creación de capacidades productivas que incorporen conocimiento científico y tecnológico, ampliación de la infraestructura que incremente la competitividad de nuestra producción, un nuevo pacto fiscal para corregir la regresividad tributaria y una mayor inversión en educación y en innovación y desarrollo.

Estas políticas involucran a empresarios, sindicatos, organismos de ciencia y tecnología. Hay que discutir modelos de desarrollo, consensuar políticas de Estado para sostener ese modelo, comprometer a los diversos actores y fortalecer las acciones estatales. Es necesario construir un sendero de desarrollo sostenido que garantice la inclusión de todos los sectores sociales y no sólo el crecimiento de algunas fracciones del capital a expensas de las mayorías.

*Directora Maestría en Sociología Económica IDAES-UNSAM/ Investigadora Conicet

BRUNO CAPRA* 

Las compras del Estado son importantes en muchos aspectos e intento mostrar sus implicancias, no solo como satisfacción de necesidades de abastecimientos, sino como motor del desarrollo industrial posible. Esto fue muy usado en la llamada época de sustitución de importaciones y abandonado en su aplicación desde que fuimos, los argentinos, influenciados por las oleadas de neoliberalismo que nos hicieron tomar caminos en contra de nuestros propios intereses como Nación.

Por compras del Estado se entiende lo que regula el conjunto de leyes que conforman el “Compre Argentino”. Los sujetos obligados por estas leyes son muchos más que el Estado mismo comprando cosas, sino que son todos aquellos que por una causa u otra necesitan una autorización del Estado para ejercer el oficio, profesión, servicio o actividad productiva que fuere. Se entiende que es para toda actividad que se puede hacer solo si el Estado la autoriza.

El fundamento de tal actitud de la obligatoriedad de compra a lo producido localmente –siempre que se cumplan los presupuestos de Precio, Calidad y Plazo de Entrega– es que es un derecho de la ciudadanía que el dinero que el Estado gasta, como el que habilita a gastar a los sujetos obligados no estatales, son dineros del pueblo. Es derecho del pueblo obtener beneficio con ese gasto, que lo es de su propio dinero. Además, hay razones de desarrollos específicos en los que es conveniente aumentar aún más esos beneficios.

Las leyes

El régimen tuitivo (RAE: que guarda, ampara y defiende) del “Compre” está compuesto por tres leyes, la 5340/63 llamada de “Compre Argentino” que ampara las compras de bienes de parte del Estado y los sujetos obligados, la Ley 18.875/71 llamada de “Contrate Nacional”, que ejerce su tutela a lo complementario de la del “Compre”, la ingeniería, los proyectos de las obras, entendiendo que hay que proyectar para lo nacional para que esto suceda, y la Ley 25.551/01, llamada “Compre Trabajo Nacional”, que amplía algunos conceptos y mantiene la validez de las leyes anteriores, salvo donde se contradigan, que son pocas las diferencias.

Funcionamiento

Estas leyes son normas referentes al poder de compra que concentra el Estado. El objetivo del gobierno, que nunca se debería perder debe ser el de generar una demanda sostenida y creciente de bienes y servicios industriales nacionales, así como proveer los estímulos a su desarrollo y avance tecnológico en forma permanente. En su articulado, estas leyes tienen una Comisión Asesora que no ha sido repuesta en funciones desde que se suspendió su funcionamiento, hace ya más de 20 años, pero que cumplía un rol protagónico en el desarrollo industrial nacional, que era el de ser un foro del desarrollo industrial nacional, donde se debatía semanalmente lo que se hacía acá y lo que se importaba. Participaban representantes de las cámaras industriales y de las empresas compradoras, sean las compradoras directas, subcontratistas o los demás sujetos obligados participantes.

Tecnología

Según el referente principal del tema en Argentina, Jorge Sábato, la definimos “como el conjunto ordenado de conocimientos empleados en la producción y comercialización de bienes y servicios”. Notar que en esta definición está el término “comercialización”. Es fundamental entender el por qué. Es porque si un desarrollo tecnológico no se vende, o lo que se hace con él no se vende, ¿para qué habría sido hecho? No sería un desarrollo tecnológico, sino un hobby, un entretenimiento, pero no tecnología.

Incorporadas y no incorporadas

Las incorporadas son las fáciles, son las que pueden ser copiadas, solo sabiendo las reglas del oficio. Por ejemplo, sillas, mesas, platos, cuchillos, palas, etc. Las no incorporadas son las que importan hoy, que son las complejas, las que tienen las cosas que usamos hoy, como un celular y casi todos los electrónicos.

Para poder copiarlas, hay que poder hacer funcionalmente la misma cosa con equipos de personas
trabajando en conjunto, que tengan el nivel técnico específico requerido para reproducir las funciones que se definan como campo de trabajo. Esto de armar equipos de personas afines requiere años de trabajo con objetivos claros, continuidad de manejo, objetivos claros, tiempos acotados.

Producción

Con avances tecnológicos propios se puede avanzar en la producción de los bienes necesarios para el desarrollo social. Se puede percibir la cadena de acontecimientos vinculados que son necesarios para tener un avance substancial en la producción de equipamiento propio.
Entiendo como propio el conocimiento que tengo de algo que nosotros mismos hemos desarrollado y construido. Comprar equipos a terceros no nos da soberanía tecnológica y sin soberanía tecnológica no puedo tener en nuestros campos de interés, soberanía política. En el petróleo de Vaca Muerta, o en centrales nucleares, por ejemplo.

Conclusión

Tenemos mucho material humano aplicable a estos menesteres del desarrollo tecnológico, pero muy poca capacidad social de articular objetivos. Esto parecería fácil de resolver, pero sabemos que las ciencias duras avanzan mucho y sucede así porque tratan problemas blandos, en cambio, las ciencias sociales avanzan poco, porque tratan problemas duros. Podríamos no solo crecer nosotros, los empresarios nacionales de capital interno, sino cooperar con el crecimiento de la Patria Grande. El buen uso de los profesionales que las universidades nacionales de todo el país están formando, en buena medida depende que esto sea de esta forma propuesta, y no de otra.

*Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN).

Miradas al Sur


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